Jueves, 22 Febrero 2024 08:15

¿Por qué España se desmarcó de la alianza europea contra la superliga de fútbol?

Escrito por UCC+i
Imagen de archivo de un estadio de fútbol. Imagen de archivo de un estadio de fútbol.

Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes respectivamente del Real Madrid F.C. y Barcelona F.C., lanzan un holding con el propósito de controlar el fútbol europeo, al que se suman Andrea Agnelli (expresidente del Juventus) y Joel Glazer (presidente ejecutivo del Manchester United). Hacen público un proyecto deportivo destinado, según estos, a mejorar la calidad del fútbol, crear más espectacularidad e incrementar los ingresos para los clubes participantes.

Se constituyen formalmente como European Super League Company S.L., una empresa mercantil creada con la finalidad de organizar una competición internacional de clubes de fútbol europeos, a la que se suman 12 entidades.

Oposición del fútbol europeo y sentencia del TJUE

Desde el primer momento, la superliga europea no gustó a las federaciones deportivas nacionales, ni a la mayoría de los clubes de fútbol, ni tampoco a los aficionados.

La UEFA se opuso frontalmente a este proyecto por considerar que suponía un ataque al modelo de fútbol europeo –basado en la competición justa, el mérito deportivo y la solidaridad financiera, al servicio del impacto social del deporte y de su acceso para todos–, así como una invasión de las competencias públicas delegadas de federaciones y clubes establecidas por Ley.

Sus promotores iniciaron una carrera para ganar en los tribunales el apoyo que no habían lograron inicialmente en el fútbol europeo (UEFA, federaciones nacionales y clubes), defendiéndose mediante un litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un hipotético monopolio mercantil de la UEFA y la FIFA.

La sentencia, que ha sido recurrida, proporcionaba un balón de oxígeno al proyecto, por considerar que la UEFA y la FIFA invadían la libre competencia en el mercado único de la Unión Europea- Sin embargo, al mismo tiempo también argumentaba que un proyecto como la superliga no podía transgredir las normas estatales y europeas de ordenación del deporte.

La otra estrategia de sus promotores ha sido tratar de instalar en la opinión pública un argumentario favorable a sus intereses a través de la empresa creada para gestionar el proyecto, A22 Sports Management.


Los países de la Unión Europea se alían contra la Superliga

Tras la oposición del fútbol europeo a la superliga, buena parte de los clubes que se sumaron inicialmente acabaron desvinculándose. Ahora lo hace la Unión Europea. El pasado 5 de febrero, mediante una resolución liderada por el gobierno francés de Emmanuel Macron, 26 de los 27 Estados europeos firmaron una resolución contraria al proyecto de la Superliga.

En ella los Estados llaman a proteger los valores deportivos reconocidos en la Resolución del Consejo de la UE de 2021 aprobada por unanimidad por los Ministros de Deportes, apoyar las características de un modelo de deporte europeo consistente en las competiciones abiertas mediante ascensos y descensos, el rol del deporte en la identidad nacional.

La UE también invita a federaciones y clubes a organizar sus competiciones respetando los principios de apertura, igualdad de oportunidades, mérito deportivo, vínculo entre rendimiento anual en las competiciones domésticas y todas las competiciones europeas, y solidaridad financiera.


España se queda sola en la Unión Europea

El gobierno de Macron emitió un ultimátum al gobierno de España para sumarse a la resolución. No lo hizo, así que el texto lo firmaron todos los Estados salvo España. El Gobierno que preside Pedro Sánchez, que siempre se ha mostrado neutral con este asunto, no firmó una resolución que tenía el propósito de reforzar un modelo deportivo basado en la competición justa, el mérito deportivo y la solidaridad financiera al servicio del impacto social del deporte.

Algunos medios calificaron esta postura del gobierno español como una concesión a los intereses privados de Florentino Pérez y Joan Laporta. Una parte del gobierno criticó duramente la postura de España, señalando que la protección de los intereses privados de la superliga representa un enorme peligro para el sistema deportivo español, que va más allá del fútbol.


Contra los intereses del deporte español

El fútbol profesional español genera 8 390 millones de euros al año (el 1,44 % del PIB) y crea 194 000 empleos. Por sí sola LaLiga ingresa 2 450 millones en derechos audiovisuales y aporta 800 millones en impuestos al Estado.

De los beneficios derivados de la retransmisión de los partidos de fútbol existe una redistribución que beneficia al conjunto del sistema deportivo. Para comenzar, los ingresos por derechos audiovisuales reportan 200 millones a los clubes de fútbol del país, representando la principal fuente de financiación para muchos de ellos: el 85 % en el caso del Celta de Vigo, el 80 % de los ingresos del Villarreal, el 66 % del Córdoba C.F., 60 % de los ingresos del Sevilla F.C. y el Betis F.C. o el 49 % de los ingresos del Valencia, por citar algunos ejemplos.

Con los ingresos de LaLiga, además, se abonan los pagos de los seguros sociales de los deportistas de alto nivel y se transfiere el 5 % de a las restantes federaciones deportivas del país.


Un proyecto que pone en jaque el interés general

No es difícil interpretar que la superliga es una clara apuesta de liberalización y desregularización de un modelo deportivo europeo que cumple competencias públicas delegadas (fomento y promoción del deporte base, competición inclusiva y piramidal, defensa de las identidades nacionales, financiación solidaria, etc.), suponiendo una ruptura sin precedentes y, por ende, un peligro a la sostenibilidad de todo el sistema.

Esto explica que este asunto haya traspasado lo deportivo y se haya adentrado en el terreno de lo político. Lo que cuesta entender es por qué España no ha dado la cara abiertamente ante este proyecto, como sí lo han hecho los restantes gobiernos de la Unión Europea.

 

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation por David Moscoso Sánchez, Catedrático de Sociología, Universidad de Córdoba 

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